Comunicado RIA, Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador
junio 2018
Urge anulación completa e inmediata de la Política Migratoria de los Estados Unidos "Tolerancia Cero". Por medidas integrales que garanticen los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias migrantes.
A partir del 5 de mayo del 2018. El Gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, adopto nuevas medidas migratorias en su Politica “Tolerancia Cero “que establece que las personas adultas que cruzan la frontera de ese país de manera ilegal, sean procesadas judicialmente. A la fecha dicha politica se ha caracterizado por ser inhumana, discriminatoria, criminalizadora hacia las personas que migran provenientes de países de México y Centroamérica que huyen de la violencia, delincuencia y el crimen organizado, lo que se constituye en un desplazamiento forzado que los estados de estos países se niegan a reconocer. Bajo dicha Politica más de 2,000 niñas y niños fueron separados de sus familias; entre ellos más de 180 niñas y niños son salvadoreños. Esta accion de separación de familias y su colocación en jaulas es una clara violación a los derechos humanos y al interés superior de niñas y niños, generando daños psicosociales que pueden ser irreversibles y alterar el sano desarrollo en sus vidas.
El 20 de junio de 2018 el presidente Donald Trump firmo una orden ejecutiva en la que se declara que las familias serán mantenidas juntas durante su detención por cruzar la frontera y el posterior proceso judicial por incumplir la ley de migración. Sin embargo no precisa el tiempo de detención de las familias; esta indefinición lo coloca de nuevo en otra ilegalidad ya que contraviene el acuerdo de 1997 denominado “Flores” entre Estados Unidos y organismos humanitarios, el cual establece que ningún niño o niña menor de edad puede permanecer en centros de detención por más de 20 días. En síntesis el decreto preservara la Politica de “Tolerancia Cero” contra la migración ilegal en donde muchos niños y niñas y sus familias estan siendo víctimas de maltratos, discriminación, estigmatización y violación sistemática de sus derechos.
Organismos y tratados Internacionales de Proteccion de los derechos Humanos como La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Comité de los Derechos del Niño, asi como el Alto comisionado de los Derechos Humanos; expresan especialmente que los Estados deben tener en cuenta el interés superior de niñas y niños durante el desarrollo de los procedimientos migratorios, y la elaboración de marcos normativos y protocolos de actuación apegados al enfoque de derechos humanos.
Las personas migrantes no han cometido ningún delito, por lo que no podrán ser procesadas penalmente por el sólo hecho de su condición migratoria. Siendo así, tal como lo ha establecido la CIDH, en los procedimientos administrativos se deben respetar los derechos del debido proceso los cuales además deberán ser interpretados en base a la situación de vulnerabilidad de las niñas y niños migrantes. Dado que no han cometido ninguna acción delictiva, los niños y niñas migrantes no podrán ser privados de su libertad personal por motivos de su calidad migratoria.
Los Órganos Interamericanos han señalado que estas decisiones no pueden ser punitivas en su naturaleza, y que deben cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad.
Esto quiere decir que se debe analizar rigurosamente cada caso, dejando la detención como última medida y buscando alternativas en todas las situaciones en que sea posible. Los Estados que reciben niñas, niños migrantes tienen que brindar ciertas garantías para resguardar los derechos de niñas y niños. Estas garantías, en la medida que son aplicadas a cada niña y niño, deben seguir ciertos principios establecidos en el Derecho internacional de los derechos humanos, recogidos en la CDN. Estos principios son: (i) el interés superior del niño y niña, (ii) la igualdad y no discriminación, (iii) el derecho a expresar su opinión y ser oído/a; y (iv) el derecho a la vida.
Por lo antes expuesto ante la agudización de la crisis de la niñez migrante y sus familias, la Red Para la infancia y la adolescencia (RIA) rechaza la Politica migratoria “Tolerancia Cero “ y demanda su anulación completa e inmediata. Asi mismo exhorta a que:
- Los estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México ante la agudización de la crisis migratoria fortalezcan sus alianzas y jueguen un papel más protagónico ante las embajadas de sus países y en bloque, demanden la anulación inmediata de la Politica “Tolerancia Cero “y no seguir permitiendo que el sufrimiento humano y sobre todo la utilización de niñas, niños y sus familias sea una mercancía de negociación.
- A los estados involucrados y en particular a El Salvador, a la implementacion urgente de un plan integral con el componente jurídico, de atención psicosocial, marcos normativos y protocolos de actuacion con enfoque de derecho bajo los principios establecidos en el derecho Internacional en la atención, monitoreo, seguimiento a las niñas, niños y sus familias, que ya han sido separadas, en proceso de repatriación y que han sido afectadas por esta decisión.
- Que el Estado Salvadoreño reconozca el desplazamiento forzado por razones asociadas a la violencia, pobreza y exclusión social, inseguridad, amenazas delincuencia, crimen organizado e influencia de pandillas entre otras. Y trabaje urgentemente sobre estas causas que generan la migración.
- A los países de origen y destino, para que asuman políticas públicas y presupuestales para evitar que la violencia y desigualdad se perpetúen, garantizando los derechos de su población para que ésta, no se vea obligada a migrar.
- Que las instancias competentes de la protección de la niñez en El salvador que forman parte del Sistema Nacional de Proteccion de la Niñez (SNPN) como el CONNA, ISNA entre otras; implementen Politicas y programas integrales con recursos suficientes y de manera coordinada garanticen los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias migrantes.
- El Estado Salvadoreño, mantenga un monitoreo preciso de información desagregada de la situación y condición de la niñez migrante y sus familias y sea provista de manera oportuna a los órganos de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y la OEA a fin de contar con una supervisión y actuacion oportuna ante las políticas migratorias que atentan los derechos humanos.
El Salvador, San Salvador 26 de junio de 2018